Por Ana Clara Isi
El 8 de mayo de 1987, efectivos de la policía bonaerense fusilaron a Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz en el suceso que trascendió como la Masacre de Budge. En memoria de las víctimas, se estableció esa fecha como Día Nacional de Lucha Contra la Violencia Institucional. La crueldad enquistada en las fuerzas de seguridad del Estado dialoga con una doctrina económica reincidente que nos convoca a seguir revisando las políticas de gobierno de la última dictadura cívico-clerical-militar.
Neoliberalismo y violencia institucional
En marzo de 1977, el escritor, periodista y militante revolucionario Rodolfo Walsh denunció públicamente, en su “Carta abierta a la junta militar”, los crímenes cometidos durante el primer año del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. Si bien el documento expuso de manera contundente la saña con que se proscribió, persiguió y aniquiló toda “amenaza subversiva”, no perdió de vista la doctrina económica que motivó la ejecución de estas medidas. La masacre no era el fin, sino el medio por el cual se aplicaría la receta que la CIA dictaba a sus fieles servidores en los cuarteles de toda Nuestra América. “Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando a la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina” (Walsh, R. 1977). El modelo basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura irrestricta y el endeudamiento externo, únicamente podía aplicarse disciplinando simultáneamente a la sociedad.
El devenir neo consistió en una ruptura con el postulado liberal por excelencia de no intervención estatal y confianza en las “leyes naturales” del mercado. El Estado debía participar activamente, ocupando un rol fundamental como garante de la constitución de un programa político-institucional capaz de consolidar el “orden de mercado”. En este sentido, durante el período en que la cúpula militar dirigió el país, se llevaron a cabo una serie de medidas que acrecentaron desvergonzadamente las ganancias de los grupos económicos funcionales al régimen y hundieron a gran parte de la población en la pobreza.
Con el retorno de la democracia, comenzó a gestarse la reparación histórica de la memoria que cobró cuerpo como realidad política durante la década kirchnerista. La apuesta por la consolidación de un paradigma de reivindicación y defensa de los derechos humanos derivó en la condena casi indiscutible de las atrocidades perpetradas por las fuerzas represivas, aunque exista aún una absurda minoría aferrada a la idea de que “entonces estábamos mejor”. Sin embargo, este rechazo no encontró su correlato en lo respectivo a la política económica de exclusión y miseria de los sectores populares. Alcanza con mencionar que, defraudando las expectativas de gran parte del electorado, el mismo modelo fue impuesto en los 90 por el menemismo y el riojano no solo terminó su mandato sin mayores inconvenientes, sino que pudo después, y hasta su muerte, seguir ocupando impunemente una banca en el Senado. Sobra -y duele- añadir: la victoria electoral de la Alianza Cambiemos, en 2015 y, más recientemente, la creciente popularidad de ciertos “libertarios”.
La escisión entre las dimensiones política y económica del modelo neoliberal es simplemente imposible. Ajuste y represión son dos caras de una misma moneda; consustanciales, inherentes. La historia de nuestra democracia lo demuestra. Después del terror, nos queda la presencia latente, cíclica, de la bestia neoliberal y, con ella, la práctica naturalizada de la deshumanización absoluta del otro; la impresión de la violencia en el cuero curtido de quienes se plantan contra una muerte sistemáticamente anunciada; el desprecio frente a la dignidad de los que se niegan a ser rehenes de una institución policial mafiosa; el odio masticado y escupido a diario sobre los nombres y el futuro de los pibes cuyo delito no es otro que el de nacer sin el pan bajo el brazo.
La política del hambre se defiende a los palos y a las víctimas del sadismo policial se suman las de la desidia e inoperancia del Estado. Mujeres y disidencias que el machismo estructural mata cada día; cuerpos nuestros, extensiones inmediatas de la carne que nos configura doliéndonos la ausencia que se sabe definitiva. Las que pueden imponerse sobre el desdén mediático, no sin ser asquerosamente manipuladas, son tan pocas que casi no son. La reforma judicial desde una perspectiva feminista y popular es una necesidad imperiosa como lo es, también, la toma de conciencia colectiva sobre los derechos conquistados y los proyectos políticos que los hacen posibles o, por el contrario, se proponen erradicarlos a cualquier costo.
Ningún resultado de las urnas puede garantizar la democracia si trae indiferencia, desigualdad, pérdida de derechos, represión a la protesta, persecución, tortura, desapariciones, presos políticos. Con aquel sueño que nos propusieron en 2003, fuimos testigos de otra alternativa que es preciso retomar. El camino es el de la igualdad. Nuestra universidad, en tanto herramienta concebida para abrir las puertas de la educación superior a los sectores populares, debiera entregarse a la construcción de una Argentina en la que el otro deje de ser una amenaza para hacerse, definitivamente, patria. A la fuerza bruta de la idiosincrasia que dejaron las bestias, debemos oponer la resistencia de la memoria popular.
Bibliografía citada
Walsh, R. (1977) Carta Abierta a la Junta Militar: https://www.espaciomemoria.ar/descargas/Espacio_Memoria_Carta_Abierta_a_la_Junta_Militar.pdf
Foto slider: Santiago Cichero