Los nombres de la civilidad golpista. A 46 años del Golpe

Por Claudio Véliz

Los indicadores sobre distribución del ingreso suelen ser una buena pista para juzgar las decisiones económico-sociales de cada gobierno. Sin error u omisión, estamos en condiciones de afirmar que, cuando se aplican políticas liberales ortodoxas (apertura, endeudamiento, ajuste, flexibilización laboral), la participación de los asalariados en el producto se reduce de un modo vertiginoso. En cambio, cuando se pone el foco en la producción, el empleo, el consumo interno y la protección de la industria local, ocurre la situación inversa: la incidencia de dicho sector social en el reparto de la torta se incrementa a punto tal que las patronales claman contra los altos salarios (aunque prefieran el eufemismo de “costos laborales”) al mismo tiempo que pugnan por la rebaja de los impuestos gracias a los cuales fue posible aumentar el gasto público en beneficio de las mayorías. Para ejemplificar esta ecuación, debemos prestar atención a los siguientes datos: al cabo de la primera presidencia de Juan D. Perón, los trabajadores accedían al 50 % de la renta nacional (fifty-fifty), pero tras el golpe de 1955 volvió a descender hasta el 39 %. En tanto, luego de 18 años de dictadura y proscripciones, en 1974 (un año después de iniciado el tercer mandato de este líder popular), dicha incidencia volvió a trepar hasta rozar, una vez más, el 47 % (exactamente lo mismo ocurrió durante los tres gobiernos kirchneristas). La dictadura-cívico militar de 1976 vino a liquidar (literalmente) la dignidad y el bienestar del pueblo trabajador: en solo tres meses, el salario real perdió un 30 % de su valor y, hacia 1982, su porción respecto del PBI disminuyó hasta tocar los 22 puntos.  

Cada vez que se produce un golpe militar en nuestro país (o bien, cuando se aplican políticas liberales de cuño similar) se repite la misma escena: los salarios caen abruptamente, los trabajadores son humillados, perseguidos o fusilados, los sindicatos son intervenidos y, como consecuencia de todos estos despropósitos, se incrementan las ganancias patronales al mismo tiempo que se rebajan los impuestos y aportes de este sector. Para decirlo de otro modo: al menos en nuestro país, la violencia política siempre ha coincidido con el liberalismo económico. Los representantes del capital concentrado son, de un modo irremediable, políticamente autoritarios y económicamente liberales (aunque el primer aspecto les resulte inconfesable y prefieran presentarse como liberales a secas). El tándem Videla-Martínez de Hoz es el mejor ejemplo de esta nefasta confluencia. Lamentablemente, la vida democrática también nos legó algunos binomios de análoga trascendencia, aunque escudados en los vaivenes de la “voluntad popular”. La inesperada sociedad entre un patilludo caudillo riojano y un calvo economista cordobés ilustra a la perfección esta desafortunada experiencia liberal-autoritaria que obtuvo legitimidad democrática por primera vez en toda nuestra historia. Pero, más allá de las singularidades y elementos distintivos de nuestra historia, muchos teóricos europeos han creído oportuno bautizar a la etapa que se inaugura con la crisis de 2008 como “neoliberalismo punitivo”.  

Luego de la muerte de Juan Domingo Perón, comenzaron a gestarse las condiciones para la instauración de un cambio estructural. Por entonces, la economía se hallaba en crecimiento, la desocupación había bajado hasta condiciones de pleno empleo, y la participación del salario en el ingreso continuaba en franco ascenso, luego de la caída estrepitosa que le sucedió al golpe de 1955. En este contexto, fue diseñado ese verdadero golpe de mercado conocido como Rodrigazo cuyo principal ideólogo fue el viceministro de Celestino Rodrigo, el banquero Ricardo Zinn. Este oscuro personaje fue socio de Martínez de Hoz en el Consejo Empresario Argentino (CEA) cuya participación en el golpe de 1976 resultó decisiva; pero, además, fue presidente de Sevel, empresa perteneciente a la familia Macri, asesor de María Julia Alsogaray durante las privatizaciones de Entel y Somisa, y mentor intelectual de Mauricio Macri. Celestino Rodrigo, en complicidad con el capital financiero, había decidido una inédita devaluación monetaria que, con la excusa de equilibrar las cuentas públicas, deterioró drásticamente el poder adquisitivo de los salarios. Poco después, tuvo lugar el primer paro patronal convocado por la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresariales (APEGE) que nucleaba a la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Cámara de Comercio, Unión Comercial Argentina, etc. El objetivo era muy claro: desmantelar el entramado industrial, debilitar a las organizaciones de los trabajadores, bajar salarios con la excusa de la mayor competitividad, abrir las importaciones, pasar de un modelo productivo a otro de primarización y acumulación financiera. 

Las corporaciones que tramaron el asalto armado debieron inventar un enemigo interno pretendidamente poderoso y temible (subversivo) y agitar el fantasma del comunismo para intentar legitimar (con cierto éxito) su avanzada genocida. Debían evitar cualquier foco de resistencia frente a las transformaciones que intentaban imponer y, para ello, utilizaron las herramientas más variadas: desde las “sociedades de negocios” (como Papel Prensa) y los acuerdos entreguistas con ciertas cúpulas sindicales hasta la tortura, la desaparición de personas, la censura, la persecución y/o la condena al exilio. El manejo de la economía fue confiado a un grupo de civiles encabezados por José Alfredo Martínez de Hoz, quienes asumieron sus cargos en representación de las corporaciones económicas y financieras que integraban y que contribuyeron decisivamente en la planificación del golpe (1). La gran mayoría de los cargos directivos fueron ocupados por empresarios. La entusiasta participación de la cúpula eclesiástica también resultó decisiva para la justificación espiritual de las torturas, los asesinatos y las desapariciones. Civiles y clericales no actuaron como meros colaboradores o cómplices de las FFAA, sino como ejecutores directos (incluso ideólogos) de este plan sistemático (los casos de Von Wernich, Massot, Blaquier y Magnetto resultan paradigmáticos). Claro que no se trataba de cualesquiera civiles sino de dirigentes y representantes de las más grandes corporaciones religiosas, empresarias y rurales en virtud de cuyas decisiones se instauró un nuevo patrón de acumulación financiero y rentístico. Ciertamente, esta decisiva mutación de la estructura socio-productiva exigía el acuerdo de varias cúpulas sindicales que consintieron (por temor o por dádivas) en “entregar” a sus trabajadores. 

El modelo industrialista (ISI) que había comenzado a resquebrajarse luego de las medidas adoptadas por Celestino Rodrigo y Ricardo Zinn, continuó desmoronándose tras el dictado de la Ley de Inversiones Extranjeras (1976) y la de Entidades Financieras (1977). Ambas abrieron las puertas para el nuevo patrón de valorización y posibilitaron el ingreso de nuevos actores económicos (especialmente, los bancos extranjeros). Esta legislación venía a dejar sin efecto las leyes de 1973 destinadas a proteger la producción nacional, incentivar la generación de empleo y favorecer las decisiones políticas respecto de las áreas estratégicas de desarrollo. En un sentido opuesto a esta normativa protectora, las tempranas leyes de la dictadura se proponían otorgar seguridad jurídica a las inversiones, promoviendo la apertura y desregulación de los mercados de capitales y posibilitando la repatriación de las utilidades obtenidas por las empresas trasnacionales a cambio de mínimas contribuciones impositivas. Las numerosas modificaciones al régimen aduanero irán allanando el camino de la apertura comercial y limitando la intervención estatal. Se volvió a modificar la Carta Orgánica del Banco Central para darle, nuevamente, mayor separación e independencia respecto del gobierno nacional y el Ministerio de Economía. El ingreso y egreso de divisas fue desregulado con el objetivo de conformar un mercado de capitales y de alentar la incursión de bancos foráneos. 

De este modo, se fue gestando un proceso de concentración financiera inédito, se habilitó la tercerización de actividades estatales y se promovió la participación del capital privado en la obra pública. Así, se fue gestando la denominada “patria contratista” parasitaria del Estado que también se benefició con el endeudamiento externo auspiciado por los capitales financieros. Aunque nos debemos cierta precisión semántica, si preferimos hablar de una dictadura cívico-militar es, justamente, porque en la planificación y el armado institucional-administrativo del Estado terrorista-saqueador, han participado activamente un puñado de empresas que, por consiguiente, resultaron las principales beneficiarias. Algunas de ellas, además, también se involucraron en las tareas de secuestro, tortura y desaparición de personas (los casos más emblemáticos, aunque no los únicos, son los de Ford, Mercedes Benz, Fiat, Ledesma, Acindar, Techint, el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca o el Grupo Clarín). Lo que sí representa una condescendiente ingenuidad es subsumir esta problemática en las redes conceptuales de la pretendida complicidad civil ya que el protagonismo directo de las elites corporativas resultó determinante para el armado del nuevo esquema de acumulación y no una mera colaboración. (2). Muchos de estos pulpos empresarios montaron, con el capital extranjero, una estructura económica sustentada, especialmente, en el incremento exorbitante de la deuda externa. Los préstamos privados a los que accedieron estos grupos (con la excusa de necesidades productivas) fueron volcados al más atractivo mercado financiero, en virtud de las altas tasas internas (una operación conocida como bicicleta financiera). Dicha maniobra se completaba con la posterior dolarización de los activos a la que seguía la fuga de capitales hacia guaridas fiscales o refugios más seguros. Todo este desfalco planificado contó con el aval de los organismos financieros internacionales, muy especialmente del FMI, al que se recurrió en varias oportunidades.  

La violencia terrorista fue tan determinante como las operaciones de los medios dominantes premiados con el monopolio de la industria del papel. Al mismo tiempo que se controlaba por la fuerza el conflicto social, se aniquilaba a los sectores más radicalizados al amparo de una sistemática estigmatización mediática que los sindicaba como subversivos, montoneros, apátridas, guerrilleros, ateos, comunistas, etc. Así, se allanaba el camino para la profunda metamorfosis de todo el entramado político-económico-social-cultural-simbólico. La deuda externa pasó de 7.900 a más de 45.000 millones de dólares. La mitad de dicha cifra correspondía a préstamos contraídos por empresas privadas. Fueron diversas las maniobras ensayadas para beneficiar a estos especuladores. El BCRA ideó una diversidad de mecanismos para subsidiar a los privados cuyo punto culminante fue, ya bajo la jefatura de Domingo Cavallo, la Comunicación A251 titulada “Transformación de la deuda externa privada en deuda pública”. Como consecuencia de tamaño desvarío, el Estado nacional se hacía cargo de una deuda contraída y fugada por privados, de aproximadamente 23.000 millones de dólares, con el consiguiente beneficio para unas setenta empresas. El Grupo Macri fue uno de los grandes ganadores ya que Fiat-Sevel y Socma se ahorraron unos 170 millones de dólares que pasaron a engrosar la deuda pública. Otras de las empresas beneficiadas fueron: Acindar, Loma Negra (Fortabat), Compañía Naviera (Pérez Companc), Techint (Rocca), IBM, Ford, Banco Río, Banco Francés, Banco Supervielle, Citibank, etc. 

El ardid ideológico de la dictadura consistió en persuadir a la población sobre la peligrosidad de un enemigo subversivo que suele habitar en las fábricas, los sindicatos, las universidades, los reductos de la militancia, los barrios vulnerables del conurbano, los recovecos del arte y las humanidades, los meandros de la solidaridad y la invencible ternura de los abrazos y las construcciones compartidas. La exigencia, por parte del capital concentrado, de habilitar la intromisión del neoliberalismo en Argentina (con sus consabidas recetas de endeudamiento, privatizaciones, apertura comercial, ajuste fiscal y flexibilización laboral) explica, en gran medida, la represión, la desaparición, la tortura, los asesinatos y el robo de bebés. 

La alianza entre el ejército y los gerentes de las grandes empresas (muy especialmente, de las metalúrgicas) aceleró la ejecución del plan sistemático. También los trabajadores organizados de los servicios públicos se convirtieron en un botín preciado por los verdugos. Los dictadores intervinieron las grandes federaciones sindicales y las más numerosas organizaciones obreras (como la UOM o la UOCRA). Oscar Smith, secretario general de Luz y Fuerza, fue secuestrado y se halla aún desaparecido. Se suspendió el derecho de huelga y se prohibió la actividad gremial. Los abogados laboralistas fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos u obligados a exiliarse. En el otro extremo de la resistencia, personajes como Jorge Triaca, Luis Barrionuevo, Armando Cavalieri y José Zanola (por nombrar a los más emblemáticos) adherían a la “lucha antisubversiva”, se asumían como “dialoguistas” y creaban una nueva CGT (Azopardo) para confrontar con el ala combativa liderada por Saúl Ubaldini (CGT-Brasil). 

La dictadura vino a destruir, por sobre todas las cosas, el patrón productivo vigente a partir de la crisis del 30, ampliado, fortalecido y consolidado por el peronismo: la industrialización por sustitución de importaciones. Bastaron el endeudamiento externo, la reforma financiera y la eliminación de las barreras arancelarias para que la matriz industrial resultara herida de extrema gravedad, logrando desarticular el proyecto afianzado desde la década del 40 con su consiguiente estela de sindicalización, bienestar, inclusión y mayor equidad en el reparto de la riqueza. A poco de andar el liberalismo económico de los Chicago boys, debieron cerrar unos 20 mil establecimientos fabriles mientras el producto bruto del sector descendía un 20 %. Trabajadores, dirigentes y activistas fueron perseguidos, encarcelados, asesinados y/o desaparecidos. Cerca de un 70 % de las víctimas del accionar represivo pertenecían al movimiento obrero. Los dictadores se fueron por la ventana, muchos de ellos fueron condenados, pero el objetivo estaba cumplido. Sin embargo, el “brazo civil” no solo sigue impune, protegido por la mafia judicial, sino que aún continúa controlando los resortes de nuestra economía: formando precios, fugando, evadiendo, contrabandeando, militando la devaluación, el ajuste fiscal, la rebaja de costos laborales y la eliminación de los impuestos a la riqueza. 

Notas

(1) Nos referimos, muy especialmente, a las siguientes: Consejo de Empresarios de Argentina (CEA), Cámara Argentina de Comercio (CAC), Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), Sociedad Rural, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Unión Industrial Argentina (UIA), Asociación de Bancos (ADEBA), etc. 

(2) Además de las empresas que acabamos de mencionar, podemos enumerar a las más favorecidas por el saqueo: Pérez Companc, Bridas, Bunge y Born, Astra, Garovaglio y Zorraquín, Bagley, Terrabusi, Ferrum. Nogués, Alpargatas, Bemberg, Celulosa, Loma Negra (Fortabat), Tornquist, Grupo Macri, Soldati, Cogasco SA, Alto Paraná SA, Autopistas Urbanas, Dalmine, Pescarmona, Papel de Tucumán, Minetti, Aluar, Banco Galicia, Banco Francés, SADE, Banco Supervielle, Banco Río (Pérez Companc), Banco de Italia, Citibank, Banco Ganadero, Banco de Crédito Argentino. 

* Esta nota recopila y articula algunos fragmentos del texto: “Noche y neblina. Malvinas como último peldaño de un plan sistemático”, que la editorial GES y el sitio digital La Tecl@ Eñe publicarán próximamente en formato papel.  

Claudio Véliz es sociólogo, investigador, docente, director general de cultura y extensión universitaria (Rectorado-UTN). 

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